Los educadores comunitarios están amparados por la Ley 122, del 10 de junio de 1996, en la que se establece una bonificación para ellos. La Ley Reformatoria a la Ley que fija dicha bonificación, del 3 de octubre de 2006, dice en un artículo innumerado: “El pago de dicha bonificación, por su propia naturaleza, no incidirá de ninguna forma en la cuantificación de los aportes al IESS o en cualquier otro componente o beneficio económico del régimen remunerativo (...) como tampoco cambia el régimen jurídico de los educadores comunitarios que están sometidos a su propia Ley”.
Si los asambleístas consideran que esta situación es injusta, entonces deberían formular un proyecto de ley con el financiamiento adecuado.La citada disposición legal vigente también se encuentra determinada en la resolución SENRES 2005-000099, del 25 de noviembre de 2005. Se ha establecido que una de las condiciones para la afiliación al Seguro Social es el pago de una remuneración en condiciones de dependencia laboral como servidor público, y en el caso del Ministerio de Educación como docentes, técnicos docentes, docentes administrativos o servidores amparados por la LOSCCA.
En la administración del economista Rafael Correa Delgado, con Raúl Vallejo Corral frente al Ministerio de Educación, se mejoró las condiciones económicas de los bonificados y, a partir de 2009, a aquellos que tenían título de docente se les otorgó un contrato como maestros, con todos los beneficios sociales, en muestra clara y evidente de la voluntad de esta administración para mejorar sus condiciones. En total, 5.388 bonificados han pasado a tener contrato en estos tres años de Gobierno, de los 12.929 que había.Inicialmente el IESS estableció glosas y títulos de crédito, así como un juicio de coactiva, contra el Ministerio de Educación; sin embargo, luego de ser analizados los argumentos legales de descargo interpuestos por esta Cartera de Estado, se remitió un informe del Procurador General del IESS, en el que se da razón al Ministerio.
Para ver la documentación completa que descalifica las acusaciones del MPD sobre el tema de educadores bonificados, haga clic aquí.
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Si los asambleístas consideran que esta situación es injusta, entonces deberían formular un proyecto de ley con el financiamiento adecuado.La citada disposición legal vigente también se encuentra determinada en la resolución SENRES 2005-000099, del 25 de noviembre de 2005. Se ha establecido que una de las condiciones para la afiliación al Seguro Social es el pago de una remuneración en condiciones de dependencia laboral como servidor público, y en el caso del Ministerio de Educación como docentes, técnicos docentes, docentes administrativos o servidores amparados por la LOSCCA.
En la administración del economista Rafael Correa Delgado, con Raúl Vallejo Corral frente al Ministerio de Educación, se mejoró las condiciones económicas de los bonificados y, a partir de 2009, a aquellos que tenían título de docente se les otorgó un contrato como maestros, con todos los beneficios sociales, en muestra clara y evidente de la voluntad de esta administración para mejorar sus condiciones. En total, 5.388 bonificados han pasado a tener contrato en estos tres años de Gobierno, de los 12.929 que había.Inicialmente el IESS estableció glosas y títulos de crédito, así como un juicio de coactiva, contra el Ministerio de Educación; sin embargo, luego de ser analizados los argumentos legales de descargo interpuestos por esta Cartera de Estado, se remitió un informe del Procurador General del IESS, en el que se da razón al Ministerio.
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