martes, 8 de junio de 2010

Falsas acusaciones sobre Educación Intercultural Bilingüe ::: INFAMIA COMPROBADA


Raúl Vallejo fue un gran impulsor y defensor de la Ley 150, base del desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe; durante su última administración como Ministro de Educación, trabajó fuertemente en la recuperación de este sistema, para que cumpliera su propósito inicial de fortalecer la interculturalidad y el uso y desarrollo de los idiomas ancestrales, con un buen manejo técnico. La Ley 150 le dio carácter descentralizado a la DINEIB, pero nunca autonomía, peor para convertirse en botín político entregado a cierta cúpula de la CONAIE por los mismos gobiernos neoliberales a los que esa dirigencia decía combatir.

Gracias a las prácticas corporativistas del pasado, se permitió que se imprimiera un sesgo político y etnocentrista a la Educación Intercultural Bilingüe, privilegiando las visiones de ciertas nacionalidades y de ciertas organizaciones sociales afines a cierta cúpula indígena, tal como se llega a evidenciar incluso en los textos escolares, que indicaban cómo organizar levantamientos populares y hacían propaganda a favor de organizaciones. Así se sumergió a este sistema educativo en una grave crisis, con enormes problemas de calidad. Incluso se ha venido dando la paradoja de que en muchos planteles interculturales bilingües ni siquiera se enseña el idioma ancestral.

Bajo el nuevo esquema implementado, inicialmente a través del Decreto 1585 y luego del Decreto 196, se garantiza un fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe. Uno de los cambios que se ha introducido tiene que ver con devolverle al Ministerio de Educación la rectoría sobre este sistema, en sujeción a lo que manda el artículo 344 de la Constitución que los ecuatorianos recientemente aprobamos. En el Decreto 169 se manda que el Director Nacional de la DINEIB sea elegido por el Ministro de Educación, de una terna elaborada por una comisión calificadora a partir de un concurso público. Con este proceso se elimina la vieja práctica que resultó en procesos manipulados que favorecieron a cierta cúpula de la CONAIE.

Cabe destacar que los decretos mencionados constituyen una reglamentación del Presidente de la República, ceñida a la norma Constitucional, no del Ministro de Educación.

Para ver la documentación completa que descalifica las acusaciones del MPD sobre el bono de frontera, haga clic aquí.

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