martes, 8 de junio de 2010

Falsas acusaciones sobre alfabetización ::: INFAMIA COMPROBADA


El 8 de septiembre de 2009 se declaró a Ecuador “Patria alfabetizada”, en Manta, en el marco del evento que celebró el Día Internacional de la Alfabetización, con la presencia de las máximas autoridades educativas y de autoridades seccionales; la declaratoria se realizó sobre la base de proyecciones de la tasa de analfabetismo que señalaban que en el país este problema alcanzaba a menos del 4% de los ciudadanos mayores de 15 años (la proyección realizada por un equipo contratado por UNESCO era del 2,7%), límite técnico considerado para una declaratoria de este tipo.A principios de 2010 se conocieron los resultados de la Encuesta de Empleo y Desempleo de 2009 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que señalan que en el país la tasa de analfabetismo se mantiene en el 7,8%, es decir, señalan que Ecuador no es una “Patria alfabetizada”.

El INEC reporta que en 2007 la tasa fue del 7,8% y en 2008 fue del 7,6%. Según el INEC, esta tasa se mantiene casi sin alteraciones a través de los años, a pesar del trabajo de los gobiernos seccionales, de las organizaciones no gubernamentales y sobre todo del Ministerio de Educación.

El ministro Raúl Vallejo fue el primero en salir a anunciar las divergencias entre ambas mediciones, en rueda de prensa del 21 de enero y a través de comunicaciones a asambleístas y a la UNESCO. En ese momento expresó que no podía seguirse hablando de “Patria alfabetizada” sino de “Patria alfabetizándose”.

Resulta llamativo que el trabajo de alfabetización no se refleje en un impacto, así sea mínimo, en la tasa de alfabetización reportada por el INEC. ¿Por qué puede producirse esto? Las hipótesis pueden ir desde fallas en el manejo de las cifras del trabajo de alfabetización hasta fallas en la metodología de la encuesta, pasando por fallas en las proyecciones y por la propia metodología del trabajo alfabetizador; o podría darse una combinación de algunas de estas hipótesis.

Preocupado por conocer la realidad, en búsqueda de transparencia y con espíritu autocrítico, una vez conocidas las cifras del INEC, el Ministerio de Educación pidió un estudio independiente que permitiera conocer la calidad del trabajo de alfabetización desarrollado, el cual todavía está en elaboración. Esto permitirá corregir el direccionamiento del trabajo en educación básica de jóvenes y adultos, que debemos continuar.

Recopilación de datos
Para una mejor comprensión de la situación, hay que tomar en cuenta por qué se realizó la declaratoria, y cómo se desarrolló el proceso de alfabetización y de recolección de datos.La declaratoria se realizó sobre la base de proyecciones de la tasa de analfabetismo, una vez depurada la base de datos de participantes en el Programa Manuela Sáenz, del Ministerio de Educación, y en los programas de gobiernos seccionales que utilizaron la metodología “Yo sí puedo”.

La depuración de la base de datos consistió en eliminar registros duplicados y la proyección consistió en determinar una línea base (número de analfabetos antes de los programas de alfabetización), a la cual se restó el número de alfabetizados. Esta tarea de depuración y proyección la realizó un equipo investigador contratado por la UNESCO. Antes de la depuración realizada por UNESCO, la base de datos del Programa Manuela Sáenz arrojaba 420.888 alfabetizados, mientras los gobiernos seccionales sumaban 121.373 alfabetizados. El trabajo realizado por otras iniciativas alfabetizadoras, como Minga por la Esperanza y el programa del Instituto Fe y Alegría, no fueron tomados en cuenta para las proyecciones.

Una vez realizada la depuración, el número de alfabetizados quedó en 492.987, entre ambas iniciativas.En su estudio, la UNESCO señala que “en caso de que se cumplan las metas de los programas en marcha, se asegure la total retención de los inscritos y la información entregada por las fuentes oficiales sea exacta, el país podría llegar a una tasa de analfabetismo, a nivel nacional, del 2,7 por ciento hasta finalizar 2009”.

Las tres condiciones estaban certificadas: cada alfabetizado debía aprobar una evaluación antes de ser promocionado para asegurar que había aprendido; las cifras proporcionadas por las direcciones provinciales correspondían a estudiantes promocionados, no solo inscritos; y al ser entregadas por autoridades provinciales competentes, las cifras se presumían confiables.

En oficio del 21 de octubre de 2009, el propio Edouard Matoko, director de la UNESCO en Quito, señaló que “esta información [la proyección relizada] puede utilizarse como referencia para una Declaratoria como la efectuada por usted en Ecuador”.La base de datos central de participantes del Programa Manuela Sáenz, sobre la cual se trabajó en el estudio de UNESCO, fue elaborada por la Dirección Nacional de Educación Popular Permanente (Dinepp) a partir de información enviada por las direcciones provinciales. Estas, a su vez, fueron alimentadas por los reportes de cada institución educativa, a través de un coordinador institucional en cada plantel.

Debe recordarse que este Programa se desarrolló principalmente con participación del alumnado: cada estudiante de segundo año de Bachillerato debe participar en la alfabetización como requisito para graduarse. Como complemento, para las zonas de difícil acceso se contrataron más de 12.000 alfabetizadores bonificados, que informaron de su trabajo directamente a las direcciones provinciales. La base de datos de los programas de alfabetización de los gobiernos locales, a través de la metodología “Yo sí puedo”, fue responsabilidad de cada uno de ellos.

Según los instructivos del Ministerio de Educación, al final del curso de alfabetización cada cursante debía realizar una prueba final para determinar si completó adecuadamente su aprendizaje. En caso de que reprobara, debía extenderse la duración del curso, hasta que la persona fuera capaz de aprobar el examen.

Hay que recalcar que no hubo engaño por parte del ministro Raúl Vallejo en la declaratoria; el engaño implica la intención de hacer creer a otro algo falso, con intención. El anuncio se hizo sobre la base de información oficial entregada por las direcciones provinciales de Educación, depurada y proyectada por UNESCO. También hay que destacar que el ministro Vallejo fue el primero en salir a aceptar el error en que se había incurrido, lo que demuestra que no hubo intención de ocultamiento. Y una acusación de peculado carece incluso de lógica, pues esa figura implica la apropiación de fondos públicos, lo que evidentemente no se ha producido.

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Falsas acusaciones sobre educadores bonificados ::: INFAMIA COMPROBADA


Los educadores comunitarios están amparados por la Ley 122, del 10 de junio de 1996, en la que se establece una bonificación para ellos. La Ley Reformatoria a la Ley que fija dicha bonificación, del 3 de octubre de 2006, dice en un artículo innumerado: “El pago de dicha bonificación, por su propia naturaleza, no incidirá de ninguna forma en la cuantificación de los aportes al IESS o en cualquier otro componente o beneficio económico del régimen remunerativo (...) como tampoco cambia el régimen jurídico de los educadores comunitarios que están sometidos a su propia Ley”.
Si los asambleístas consideran que esta situación es injusta, entonces deberían formular un proyecto de ley con el financiamiento adecuado.La citada disposición legal vigente también se encuentra determinada en la resolución SENRES 2005-000099, del 25 de noviembre de 2005. Se ha establecido que una de las condiciones para la afiliación al Seguro Social es el pago de una remuneración en condiciones de dependencia laboral como servidor público, y en el caso del Ministerio de Educación como docentes, técnicos docentes, docentes administrativos o servidores amparados por la LOSCCA.

En la administración del economista Rafael Correa Delgado, con Raúl Vallejo Corral frente al Ministerio de Educación, se mejoró las condiciones económicas de los bonificados y, a partir de 2009, a aquellos que tenían título de docente se les otorgó un contrato como maestros, con todos los beneficios sociales, en muestra clara y evidente de la voluntad de esta administración para mejorar sus condiciones. En total, 5.388 bonificados han pasado a tener contrato en estos tres años de Gobierno, de los 12.929 que había.Inicialmente el IESS estableció glosas y títulos de crédito, así como un juicio de coactiva, contra el Ministerio de Educación; sin embargo, luego de ser analizados los argumentos legales de descargo interpuestos por esta Cartera de Estado, se remitió un informe del Procurador General del IESS, en el que se da razón al Ministerio.

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Falsas acusaciones frente al Bono de Frontera ::: INFAMIA COMPROBADA


De manera irresponsable, el Congreso Nacional de 2007 aprobó sin el financiamiento necesario una reforma legal para ampliar la cobertura del bono de frontera para maestros, de manera que no cubriera solamente a quienes trabajan en la franja fronteriza de 20 kilómetros, sino a todos los docentes que trabajen en una provincia que tenga límites internacionales.

Esta actuación demagógica e irresponsable irrespetó el artículo 31 de la Ley de Presupuesto del Sector Público, al generar un derecho a favor de los docentes sin el debido financiamiento, situación que pudo ser remediada para el ejercicio fiscal 2008.

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Falsas acusaciones sobre Educación Intercultural Bilingüe ::: INFAMIA COMPROBADA


Raúl Vallejo fue un gran impulsor y defensor de la Ley 150, base del desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe; durante su última administración como Ministro de Educación, trabajó fuertemente en la recuperación de este sistema, para que cumpliera su propósito inicial de fortalecer la interculturalidad y el uso y desarrollo de los idiomas ancestrales, con un buen manejo técnico. La Ley 150 le dio carácter descentralizado a la DINEIB, pero nunca autonomía, peor para convertirse en botín político entregado a cierta cúpula de la CONAIE por los mismos gobiernos neoliberales a los que esa dirigencia decía combatir.

Gracias a las prácticas corporativistas del pasado, se permitió que se imprimiera un sesgo político y etnocentrista a la Educación Intercultural Bilingüe, privilegiando las visiones de ciertas nacionalidades y de ciertas organizaciones sociales afines a cierta cúpula indígena, tal como se llega a evidenciar incluso en los textos escolares, que indicaban cómo organizar levantamientos populares y hacían propaganda a favor de organizaciones. Así se sumergió a este sistema educativo en una grave crisis, con enormes problemas de calidad. Incluso se ha venido dando la paradoja de que en muchos planteles interculturales bilingües ni siquiera se enseña el idioma ancestral.

Bajo el nuevo esquema implementado, inicialmente a través del Decreto 1585 y luego del Decreto 196, se garantiza un fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe. Uno de los cambios que se ha introducido tiene que ver con devolverle al Ministerio de Educación la rectoría sobre este sistema, en sujeción a lo que manda el artículo 344 de la Constitución que los ecuatorianos recientemente aprobamos. En el Decreto 169 se manda que el Director Nacional de la DINEIB sea elegido por el Ministro de Educación, de una terna elaborada por una comisión calificadora a partir de un concurso público. Con este proceso se elimina la vieja práctica que resultó en procesos manipulados que favorecieron a cierta cúpula de la CONAIE.

Cabe destacar que los decretos mencionados constituyen una reglamentación del Presidente de la República, ceñida a la norma Constitucional, no del Ministro de Educación.

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Falsas acusaciones sobre la DINSE ::: INFAMIA COMPROBADA


Respecto a las denuncias que involucraron a funcionarios de la Dinse con la entrega de contratos a nombre de familiares, se actuó rápidamente y sin afectar los intereses del Estado ni violar los derechos fundamentales de los acusados. La actuación significó la salida inmediata de los funcionarios involucrados, a quienes se les exigió la renuncia pero no se les ha impuesto sanción administrativa, pues en este tema todavía falta el pronunciamiento de la Fiscalía y de Contraloría.

En respeto a los derechos constitucionales al debido proceso y a la presunción de inocencia, cruzado con la necesidad de defender los recursos públicos, este fue un buen proceder. Las investigaciones de Contraloría y Fiscalía al respecto continúan, y son las que deberán determinar las responsabilidades en este tema. Cabe destacar que la Dinse es una instancia descentralizada del Ministerio de Educación, y su director es el responsable de las acciones u omisiones que en el ejerciciode su función ocurran.

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Falsas acusaciones sobre concursos para maestros ::: INFAMIA COMPROBADA


A finales de 2007, se asignaron 11.381 partidas docentes para Educación Inicial y Básica, que están siendo llenadas a través de un riguroso concurso de méritos y oposición. El objetivo del concurso es que los mejores maestros sean elegidos para ocupar las partidas docentes, con transparencia, en un proceso inédito por su manejo altamente técnico y por su envergadura.

Hasta abril de este año, el estado de los concursos se encuentra definido de la siguiente manera: 5.438 concursos ya tienen ganadores para ingreso al Magisterio y sus nombramientos han sido entregados o se encuentran en proceso de entrega en cadauna de las direcciones provinciales; 1.258 concursos tienen ganadores en ruedas de cambio; y 778 concursos se encuentran pendientes de aceptación, están en trámite de apelación o están en trámite de reubicación.

A nivel nacional se tiene un total de 3.907 concursos que han sido declarados desiertos por no tener la cantidad suficiente de inscritos o no haber elegibles; estas partidas desiertas serán lanzadas nuevamente a Concurso de Méritos y Oposición.

Adicionalmente, a finales de 2009 se asignaron 4.514 partidas para Bachillerato y 429 partidas para Educación Especial, cuyos concursos están en las fases iniciales, una vez más en condiciones de manejo técnico y transparente, para asegurar calidad.Para llenar una partida, en primer lugar debe crearse el espacio presupuestario y luego debe convocarse a Concurso de Méritos y Oposición, con pruebas de razonamiento lógico y verbal, conocimientos específicos y Pedagogía; además, se realiza una clase demostrativa, evaluada por la propia comunidad educativa. Una vez que se publican los resultados, los concursantes pueden apelar en tres instancias, de acuerdo con la Ley vigente, lo que en ciertos casos ha producido demoras.

Hasta que cada una de las partidas desiertas sean llenadas, se garantiza la presencia de un maestro a través de contrato, de manera que no se afecte el derecho de nuestros niños a la educación. En el país, se han contratado más de 50.000 maestros,asegurándoles un sueldo de quinta categoría; gran parte de ellos antes estaban contratados por los propios padres de familia y por los municipios, que habían asumido la tarea ante el abandono de anteriores gobiernos.

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